CIUDAD DE MÉXICO. — La entrada en vigor de la Ley Antilavado en julio pasado ha puesto al sector inmobiliario mexicano bajo una presión sin precedentes. Los asesores ahora enfrentan responsabilidades más estrictas y sanciones severas si no cumplen con la nueva normativa.
De acuerdo con expertos de MoradaUno, los asesores deben investigar a fondo a cada comprador, generando expedientes completos y evaluando posibles riesgos de operaciones con dinero de procedencia ilícita. Además, la ley introduce la figura del Beneficiario Controlador, quien posee al menos 25% de una empresa involucrada en la transacción, y sobre quien se aplican las mismas reglas de investigación.
La nueva regulación exige determinar el nivel de riesgo de cada operación —bajo, medio o alto— considerando factores como la forma de pago, origen de los recursos, nacionalidad y exposición política del cliente. Un comprador nacional que paga mediante crédito bancario podría clasificarse como bajo riesgo, mientras que un extranjero que busque pagar en efectivo entraría en la categoría de alto riesgo.
Los asesores deben notificar cualquier operación sospechosa al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera en un plazo máximo de 24 horas y mantener los expedientes durante al menos 10 años. Las sanciones por incumplimiento oscilan entre 20 mil y un millón de pesos, y en casos graves, pueden derivar en responsabilidad penal.
Jorge Rodríguez, gerente de Desarrollo de Negocios en Regcheq México, aclara que el objetivo no es convertir a los asesores en policías, sino reforzar la cooperación del sector con las autoridades y garantizar que las transacciones inmobiliarias sean transparentes. Santiago Morales, CEO de MoradaUno, advierte: “El reto no es solo legal, sino operativo. Es momento de prepararse, porque cuando se publiquen las Reglas de Carácter General, la autoridad podrá empezar a revisar con todo”.
🗞️ Desde el escritorio de Cúpula Potosina
En el mercado inmobiliario mexicano, ahora vender una propiedad implica más vigilancia que nunca: cada cliente es un expediente, cada pago un riesgo, y cada descuido puede costar caro.
