FGESLP acumula 484 denuncias por difusión de imágenes íntimas… y ninguna sentencia

SAN LUIS POTOSÍ. — Entre el 1 de enero de 2022 y el 26 de septiembre de 2025, la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales de San Luis Potosí (FGESLP) ha iniciado un total de 484 carpetas de investigación por el delito de difusión ilícita de imágenes íntimas, sin que hasta la fecha se haya dictado una sola sentencia condenatoria.

Del total de casos, 459 (95%) permanecen en investigación, siete han sido judicializados, 14 se encuentran en archivo temporal y dos fueron cerrados por no ejercicio de la acción penal. La estadística evidencia una preocupante impunidad frente a la violencia digital, que afecta mayoritariamente a mujeres: 311 víctimas identificadas, de las cuales 186 eran adultas y 125 niñas y adolescentes menores de 17 años. Entre las víctimas masculinas se registraron 116 casos.

Un factor alarmante es la relación entre víctima y agresor: en la mayoría de los casos, los responsables son personas del círculo cercano, principalmente ex parejas (119 casos) y parejas actuales (87 casos). Otros 163 incidentes involucran a agresores desconocidos, lo que refleja la vulnerabilidad de los usuarios frente al entorno digital.

A pesar del número elevado de denuncias, la Fiscalía reconoce que no existe un protocolo específico para la investigación de este delito. Las investigaciones se basan en el “Protocolo de Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia” y solo solicitan apoyo de la Policía Cibernética cuando consideran necesario. Esta carencia de un procedimiento especializado ha contribuido a que cientos de víctimas queden sin justicia ni reparación.

🗞️ Desde el escritorio de Cúpula Potosina
Cuando la violencia digital se enfrenta a la lentitud y falta de especialización de la justicia, las víctimas quedan atrapadas en un ciclo de vulnerabilidad e impunidad. Cada carpeta sin resolución es un recordatorio de que proteger la intimidad y la dignidad en la era digital requiere más que leyes: exige procedimientos claros, recursos especializados y voluntad real de sancionar a los agresores.